El cambio de Gobierno propició el aplazamiento de las jornadas parlamentarias – Congreso y Senado- respecto al debate abierto sobre el modelo deportivo en nuestro país.
Y de hecho, estaba programado que el CSD presentara en junio el borrador de esa supuesta reforma de la Ley del Deporte de 1990. La cuestión será aventurarse a valorar si ese borrador – si está- tenga un consenso previsto entre los partidos políticos, o sea más cosa de un voluntarismo que del estudio exhaustivo y real del texto.
La cuestión estriba en descifrar ese modelo para poder encajarlo en un marco innovador, tal como algunas pensamos demanda la sociedad; o contextualizarlo en el mimetismo del modelo actual, siendo consciente de que hablamos de un epicentro de épocas pasadas, con un escenario muy verticalizado. Lo que ha supuesto y supone la concentración de poder.
Y esto no es muy beneficioso, cuando cada vez más hay operadores en el deporte que están jugando un papel clave en la transparencia y modernización del deporte en nuestro país.
Por otro lado, en ese nuevo marco normativo lo que primero que debiera definir es el ámbito de la publicitación de las instancias deportivas, y el papel de esos operadores, donde debiera jugar un papel fundamental el y la deportista.
No se puede seguir manteniendo un sistema normativo que ni siquiera define al deportista en su integridad: profesionalismo / amateurismo. Al que el supuesto autónomo se le extrae de la especificidad de la normativa laboral. Y su regulación se circunscribe al Estatuto del Autónomo de 2007. Frente al 1006 del deportista asalariado.
A partir de ahí, si, por otro lado, se acepta un sistema privado, se tendría que remover todos aquellos operadores que se encuentran al lado del modelo público que es el actual, con especial incidencia en los órganos disciplinarios.
Otra cuestión que ha perdido identidad, después del modelo de ADO de 1992, tiene que ver con el mecenazgo en el deporte, y el poco atractivo que representa para las empresas. Y en este modelo deberíamos hacer un acercamiento a países como Noruega o Finlandia en el que la interacción del sector privado es tan clave como un operador más en la estructura de decisiones políticos sociales deportivas.
No se puede seguir manteniendo, ni siquiera pensamos algunas, una posición de mera transición de un modelo que ha restado todo el papel del deportista, frente a cuestiones que le son derechos consustanciales como es el modelo de carrera deportiva, su consideración como trabajador y trabajadora, el género que se posiciona en papel propagandista, sin capacidad de articular el desafío normativo que no penalice la maternidad o la condición de la desigual en el deporte; el hecho de seguir con un seguro del deportista, que hace que más del 80 por ciento del deportista se vea abocado a resilenciar su tratamiento, a costa de la familia.
Porque esa legislación y el monopolio instrumental de las aseguradoras, con la connivencia de algunas federaciones ofrecen una precariedad asistencial, propia de otras épocas. Y con la salud del deportista no se debiera jugar.
Y todo ello con un escaso interés por el antes y el después del y la deportista en su faceta de formación, que ni siquiera está revertiendo para las propias estructuras deportivas, que son incapaces de avanzar en un bolsa del deportista para su reintegración como técnico o dirigente en sus estructuras deportivas. Consiguiendo así una salida de personas comprometidas y formadas fuera del mundo del deporte, al que debieran proporcionarle esa real renovación.
Esto es, el iter de ese marco normativo debe estar en el debate, de ese primer concepto intelectual, que tiene que ver con definirse respecto a si de verdad apostamos por el mimetismo o por la renovación, demandada por una sociedad, que como primer dato señala que sólo el vente por ciento de las personas que hacen deporte en este país está federado.
Fdo. María José López González
Abogada
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