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La proliferación de las apuestas deportivas, junto con otro tipo de juego online constituyen un factor económico de primera magnitud, unido a dos elementos: la proliferación de casas de apuestas, y el incremento exponencial de las apuestas deportivas online. La entrada en vigor de la Ley 3/2011, de 27 de mayo de Regulación del Juego, significó el punto de inflexión del desarrollo incipiente de un sector económico, que mueve miles de millones en nuestro país.
Cada año la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda emite informes trimestrales en los que resume la evolución del mercado de juego online en el ámbito nacional. A la espera del que emita en breve- correspondiente al primer trimestre de 2017- podemos hacernos eco del último publicado, referido a octubre – diciembre de 2016.
Que vienen siendo constantes, desde Junio de 2012, fecha desde la que comenzó el juego online regulado en nuestro país. En cifras globales el importe total ha ascendido a casi tres mil millones de euros, según datos comparativos, se ha aumentado casi en trece puntos porcentuales, respecto al trimestre tercero de 2016. Haciendo constar, como dato curioso, el aumento de la publicidad realizado por los operadores de más de sesenta por ciento, con respecto al trimestre anterior de 2016. Y da muestra del auge de este sector económico.
En relación a los segmentos la distribución es la siguiente: Póquer (14,27%), Casino (41,17%), Apuestas (43,82%), Bingo (0,65%) y Concursos (0,10%). En relación a las apuestas deportivas, parece haberse producido un incremento de en torno a ocho puntos porcentuales (apuestas en vivo, convencional, hípicas, deportivas cruzadas, etc.).
Cifras elocuentes que vienen a evidenciar el crecimiento de este tipo de mercados, y, por otro lado, nos sirve de reflexión en torno al efecto positivo, como correspondencia económica, en relación al deporte y los deportistas en España; a pesar del hecho efectivo de basar ese juego en torno al mundo del deporte. Consecuencia por la cual una no puede por menos que volver a insistir en el por qué no se ha desarrollado la disposición adicional sexta, que cubría esa demanda ya puesta de manifiesto en la tramitación parlamentaria, respecto al necesario retorno que ha de darse al mundo del deporte, – competiciones deportivas organizadas en España, así como a las sociedades organizadoras de carreras de caballos es España-.
Una poco puede entender que se esté lucrando con cantidades importantes, tanto los operadores, los apostantes, y las propias autoridades vías tasas e imposiciones tributarias, y no se reclame para el mundo del deporte.
Y más teniendo en cuenta, la bajada de los fondos públicos destinados a esta partida, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y todo ello teniendo en cuenta los elementos restrictivos sobre los que se ejerce la aplicación de una normativa de la que no pueden hacer uso, por cierta lógica, los propios deportistas; aunque resulte sorprendente que todos los demás puedan lucrarse, y lo hagan a costa y en beneficio de la imagen, y la progresión deportiva de los deportistas y de los eventos deportivos.
Ahora una entiende, – aunque sea reprobable – el binomio bajo ingresos como deportistas, con búsqueda de nuevas vías de financiación, cuando se hace al uso y a costa del deportista.
Todo ello y ante no siempre una diligencia en torno a las apuestas cuasi delictivas, convendría allanar de trasparencia este tipo de negocios, que están siendo lucrativos para algunos; en base a una premisa que no es otra, que la de proyectar sobre el deporte y la imagen del deportista, unas probabilidades económicas, que satisfacen al apostador, pero denigran, en ocasiones, el fair play del deporte.
Y esto debería llenarnos de inquietud, en relación al hecho de por qué una vez más, el deportista sigue siendo la parte más débil de la balanza, cuando se trata de obtener un retorno, en base a un juego online, que comercia con las probabilidades de un evento deportivo, y en mérito o demérito de la imagen de unos deportistas.
María José López González
Abogada