Esta semana se ha registrado en el Congreso de los Diputados, una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de incluir, en el reparto del sistema de las quinielas futbolísticas, al fútbol femenino profesional entre sus destinatarios. En este país no existe una liga profesional de fútbol femenino, ni siquiera jurídicamente está contemplada. Pero la realidad es que el fútbol femenino se ha desarrollado de forma destacada, e incluso hay jugadoras españolas muy buenas que están en las ligas más importantes del mundo.
La Asociación España de Jugadoras de Fútbol (AEJF), como organización interlocutora en el ámbito del fútbol femenino de nuestro país viene luchando desde hace tiempo en el planteamiento de un nuevo marco legal que de fortaleza jurídica al deporte profesional del fútbol femenino, desde diferentes posiciones. La realidad lo constituye el hecho de encontrarnos con un ámbito invisible desde el punto de vista laboral, y de la propia sociedad. Como anécdota confirmar que en la legislación actual no se contempla una liga femenina profesional, no existe un convenio colectivo que regule esta actividad, y a pesar de la existencia de ligas y categorías diferenciadas permanece casi inexistente para la sociedad española. De ahí que iniciativas como esta cobran una significación especial, en cuanto a la visualización de esta actividad. La Asociación lo que plantea es que cuando sea convocada la selección absoluta masculina y no jueguen el partido el fin de semana por ello, en lugar de esa semana poner en las quinielas partidos de las ligas alemanas, francesas o italianas, pongan partidos de la liga femenina de máxima categoría.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, fomenta la inclusión de estrategias de fomento del deporte femenino y en su artículo 29 encomienda al Gobierno la promoción del deporte femenino mediante programas específicos, instándole a favorecer su acceso a la práctica deportiva, además de exigir la inclusión de la igualdad en los programas públicos de desarrollo deportivo. Acabar con la discriminación, conseguir visibilidad y beneficios económicos que permita profesionalizarse a las mujeres es lo que constituye el objetivo primordial de la Proposición No de Ley, por la que se reclama que el futbol femenino sea partícipe en los ingresos procedentes de las Apuestas Deportivas del Estado, que se regulan en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, así como en el Real Decreto 419/13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego y el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las Apuestas Deportivas del Estado.
De esta manera, la propuesta que se ha registrado en la Cámara Baja, trata de evidenciar esa invisibilidad, por medio de varios instrumentos, por medio de la modificación de la legislación a los efectos, con el objetivo de consignar un porcentaje de lo recaudado a un fondo que haga fortalecer las bases del fútbol femenino en nuestro país, y plantean, en este sentido, la creación de una comisión específica para la gestión de las aportaciones que con dicha finalidad se deriven de la recaudación obtenida, en cuya composición además del Consejo Superior de Deportes, participen representantes de los equipos de máxima categoría de la Superliga femenina, así como de las propias asociaciones, interlocutoras de las futbolistas.
Esta iniciativa, pues, es un paso más en la normalización de una actividad profesional, que hoy constituye un reducto esquivo a la legislación laboral, y que está causando situaciones esperpéntica, como el hecho de que muchas jugadoras son profesionales, pero no tienen contratos como tales, sino sus relaciones laborales vienen vehiculizadas a través de contratos y empresas, ajenas a su actividad laboral como jugadoras. Y esto además de ser una irregularidad, pone en evidencia una falta de compostura jurídica en el ámbito del denominado deporte profesional femenino. Así pues, esperemos que la iniciativa vaya para adelante para consolidar un deporte, y obtener unos ingresos necesarios.
María José López González. Abogada