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En el epílogo de esta legislatura, una más, hemos tenido la mala suerte de no haber podido tener y rediseñar el futuro del necesario nuevo marco jurídico deportivo, por causa de la cerrazón del que ostenta la responsabilidad gubernativa, y que debería haberla liderado. Parece que la excusa del acuerdo de los derechos de televisión sobre el fútbol salva esta legislatura. Como si el deporte, el que le da la competencia la propia constitución no tuviera otra exigencia más perentoria.
Pero, quizás, hay que entender lo que de verdad importa, aunque sea no tanto de interés general, y sí particular. Eso de gobernar para unos cuantos. Una vez más, el marco jurídico del deporte de nuestro país ha quedado al albur del que más influencia o apoyo ha tenido y tiene, en detrimento de la equidad, igualdad, seguridad y respeto por el profesionalismo deportivo en nuestro país.
Resulta evidente que sólo parecía haber un interés en resolver el tema del fútbol y las retrasmisiones; pero ¿qué hay de la Ley del Deporte y su marco normativo caduco?, ¿qué ha ocurrido con la falta de desarrollo reglamentario y normativo de la ley de protección de la salud y del dopaje, tan importante? Obviando la enorme deficiencia del tema sanitario, desde el punto de vista normativo, de los deportistas. Con regulación de los años noventa. Nada, por tanto, de lo que se contenía para beneficiar a la salud del deportista se ha puesto en marcha y se ha desarrollado.
La otra calificación de este mandato, que termina, tiene mucho con ver con una directriz de intervencionismo político, más interesado en proteger intereses partidistas, que realmente por el concepto, encomendado del denominado principio de legalidad. Una legislatura que nada ha hecho, a pesar de las expectativas, por una definición nuevo del concepto del deportista profesional – asalariado o no -, respecto al diseño de una carrera propia, con la definición de una relación contractual, en la que se solvente cuestiones, que con estar en el Estatuto de los trabajadores, no resulta suficiente, si ya contamos con un marco regulatorio especial, que es el que se describe en el famoso Real Decreto 1006. Y a más a más, en lo relativo al nulo acercamiento del deporte profesional femenino, que sigue sin ser definido respecto, por ejemplo, de las ligas profesionales, convenios colectivos, entre otros.
A esta falta de definición de los agentes del deporte, hay que unir un concepto fiscal dudoso, que no sabe hacia qué figuras decantar la existencia de esos clubes, que, por un lado, se les supone una figura jurídica asemejada a las sociedades, pero, que, por otro lado, esa presencia del concepto del voluntariado la hace entrar en una constante contradicción. Una asignatura que queda pendiente, y que, sin duda, es uno de los problemas que mayor enfrentamiento va a conllevar en las Comunidades Autónomas. A no ser que se plantee en una posible Ley de Armonización.
Y ahora, bajo esa indefinición del deporte profesional, y un marco normativo que lastra más de 25 años en vigor, se las tiene que ver con una legislación marco del derecho común, que reclama para sí la defensa de los derechos de los ciudadanos, en cuestiones como limitación del acceso al ámbito laboral, o la limitación a la libre competencia en lo que tiene que ver con la forma de regularse privadamente la liga de fútbol profesional, con incidencia en la legislación socio-mercantil.
María José López González
Abogada