El debate de la financiación de los partidos políticos salta habitualmente a los medios de comunicación, al hilo de los casos de corrupción en el que se encuentran inmersos algunos de sus dirigentes. Y la respuesta siempre suele ser la misma: un nuevo cambio de la legislación. Legislación que previamente han aprobado los mismos que ahora la utilizan como coartada para defenderse. Y siempre se recurre a la misma estrategia, especialmente, cuando se ven acuciados con sentencias y procesos judiciales en marcha. La Constitución proclama que los partidos políticos manifiestan la pluralidad política de los ciudadanos de este país, y configura en ellos la voluntad popular. Marcando significativamente un hecho, que sean democrá-ticos. No obstante, a lo largo de nuestra última etapa democrática, los partidos políticos han sucumbido a una especie de partitocracia en la que han legislado por y para sí mismos, otorgándose un sistema de subvenciones y prebendas públicas que, por lo que estamos viendo, no han sido capaces de abstraerse a la corrupción y a la comisión de hechos punibles en relación con diferentes tipos delictivos.
La Ley Orgánica de 2007 sobre financiación de partidos políticos pretende que los mismos tengan suficiencia, además de una regulación transparente en su actividad económica. Y, así, establece un sistema de subvenciones para los procesos electorales, gastos de funcionamiento y toda una serie de contingencias económicas a lo largo y ancho de todas las administraciones públicas: local, autonómica, provincial, estatal y europea. Al mismo tiempo, contempla la financiación privada, en relación a cuotas de afiliados, gestión de su propio patrimonio, donaciones, préstamos, etc.
Los hechos y la praxis señalan que la financiación básicamente es pública, esto es, proviene de los impuestos de todos los ciudadanos. Circunstancia ésta que debiera obligarles a ser mucho más transparentes y cuidadosos con el dinero público que manejan para su financiación, ya que los resultados son desastrosos, y, más aún, con el mal supervisor Tribunal de Cuentas, que, como siempre, llega mal y tarde. Por lo que sorprende cuando la clase política dice que se van a controlar o incluso suprimir las donaciones pú- blicas. Al hilo de esto, lo que se deberían plantear es el modelo de la financiación pú- blica para optimizar este dinero, que es mucho, teniendo en cuenta el sistema de las cuatro administraciones que tenemos, y priorizarlo a otros asuntos como educación, sanidad, o infraestructuras. Y, además, nada dice el texto constitucional de una obligación para financiar los partidos políticos. Y lo lógico debiera ser centrarse en la financiación privada, en la capacidad de los partidos políticos para generar sus propios recursos. Y detraer de sus afiliados y de sus cargos de representación, y no al revés. Yo he sido directora general y pagaba 300 euros al mes como cuota de gracia por ostentar un alto cargo en la Administración Pública. Por tanto, la cuestión aquí sería fortalecer las vías
de financiación privada y hacerlo con tal nivel de transparencia que no resultara nada difícil en el momento actual publicar en la web de las formaciones políticas cada uno de esos ingresos, fechas, donantes y criterios de aceptación de ese dinero privado.
La ley actual es muy clara, pero no parece servir a la transparencia requerida y demandada, y la prueba está en la casuística de la corrupción política, causante, entre otros, de la desafección hacia la clase política. Existe en la ley un catálogo de prácticas prohibidas y una negación expresa a
las donaciones anónimas, estableciendo, incluso, topes de cantidad por valor de 100.000 euros, exceptuando, por ejemplo, en
bienes inmuebles, con determinados requisitos. Así pues, el planteamiento puede estar bien, pero el resultado ha sido fallido, y de ahí que cuando la clase dirigente se llena la boca de cambiar la normativa la respuesta inmediata debiera ser que de lo que se trata es de cumplirla y no de esquivarla.
Y sobre todo, de modificar los modus operandi de antaño en las contabilidades de los partidos políticos, para que generen ellos mismos capacidad para captar fondos. Para evitar detraer dinero público para el funcionamiento de unas organizaciones que no están siendo capaces de vehiculizar los desa – fíos y las demandas de esta sociedad. Transparencia siempre, y, ¿cuándo se van a publicar en las web, en una sección específica, las donaciones, el dinero y los fondos públicos y privados que reciben de forma detallada? Y que no quede siempre para cuando te pillan.
Vía: http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2013/1031/1031MJoseGonzalez.pdf
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