Cada día más todo lo relacionado con los impagos de las jugadoras y deportistas describe una realidad de un marco laboral que los desprotege. A no ser que se salgan de la propia estructura del deporte, y vayan a la denominada vía de la jurisdicción ordinaria para reclamar sus derechos.
Pero esto no siempre es habitual, no todos los deportistas y las deportistas tienen interiorizado el ser profesional. Y resulta que cuando acuden a ese referente organizativo y de regulación de sus ligas – que son las Federaciones – estas muestran su incapacidad bajo la definición de no ser patronal.
Con ser verdad esto, no quiere decir que no haya, a estas alturas, puesto en marcha mecanismos de protección frente a los impagos y dada la proliferación de esas ligas, con la connivencia de la complicidad de un marco laboral que le es esquivo.
A lo más que se llega es al hecho de la ejecución quién lo tiene- Federaciones-, de los avales, que no funcionan en la mayoría de las ocasiones, por diversas circunstancias. La realidad es que estas ligas femeninas, la mayoría, empiezan a describirse como estructuras profesionalizadas, con algún que otro sponsor, bajo el paraguas del Programa Universo Mujer. Cediendo muchas de estas deportistas sus derechos de imagen, sin tener previsión contractual al respecto. Y en cambio se les desprotege en el caso más duro que tiene que ver cuando con reiteración se les deja de devengar salarios, y conceptos salariales, con la mayor de las impunidades.
Está claro que hay, que estructurar e institucionalizar, desde las propias competiciones este tipo de situaciones. Y hacerlo, por ejemplo, para evitar que estas deportistas se tengan que enfrentar solas, mientras el sistema mira para el otro lado. Y más, cuando tienen la inercia de una ineficiente Liga, que carece de estructura de protección de estas trabajadoras. Quizás, habría que hacer acopio, por ejemplo, de la figura de las comisiones mixtas, con las partes implicadas, donde se produzca esa visualización y denuncia de los impagos, con consecuencias para los incumplidores.
Porque de lo que se trata aquí es de sancionar a los incumplidores. No de fastidiar a club alguno. Si no aquellos que lamentablemente se acogen a promocionar y participar en ligas de máxima categoría, sin que tengan ni capacidad económica y organizativa para concurrir en esas ligas.
Se espera de las mismas seriedad y respeto hacia estas jugadoras. No caben atajos en el deporte que se presume tendría que ser profesional, sino queremos seguir socavando el deporte femenino, a base de no regularlo y dejar que sólo con las denuncias de las jugadoras se vaya conformando un deporte profesional, frente a una organización moderna.
Y más si observamos estatutos de muchas federaciones en el que el pago en relación a la prelación de deudores de los clubes, sitúa primero a la Federación Nacional, a la Autonómica, a los árbitros y en último o penúltimo lugar a los jugadores y jugadoras. Esto sí que es inconcebible, desde el punto de vista del derecho laboral común.
Y mientras esto sucede, tamizados a la Liga de un sponsor que, por otro lado, al que las jugadoras, ni por contrato, ni por convenio, como establece el Real Decreto 1006/1985 han cedido sus derechos de imagen. Esto es, cubrimos a una liga de todo tipo de parabienes, mientras se mantienen situaciones de empleo marrón.
Habiendo tenido la oportunidad de visionar algunos contratos hay de todo, desde que no se admiten vacaciones, a los que no contemplan derecho alguno a la cesión de la imagen de la deportista, o situaciones de lesiones de larga duración. Y es que el sistema es el que es, tenemos una ausencia de liga profesional que minimiza efectos reales en relación a una relación laboral al uso.
María José López González
Abogada
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