http://iusport.com/not/6771/el-mundial-de-futbol-fifa-2022-y-la-responsabilidad-social-empresarial
La FIFA tiene, entre sus distintas comisiones permanentes, la denominada Comisión de Deportividad y Responsabilidad Social, “que se ocupa, según señala su propia definición, de los asuntos relacionados con la deportividad en el fútbol mundial, monitorea la adherencia al espíritu deportivo, además de apoyar y supervisar la conducta de toda persona relacionada con el fútbol.” Y continuando con distintos documentos elaborados por la referida comisión, consciente del impacto que una Copa Mundial conlleva, “requiere de un minucioso análisis de todos los factores para garantizar un enfoque equilibrado y un resultado sostenible”.
Y así la elección de la sede de la Copa del Mundo, bajo el prisma de esa responsabilidad social empresarial, demanda una serie de requisitos, paradigmáticos de esa imagen que traslada la FIFA a la opinión pública, en relación, por ejemplo, a la construcción de edificios verdes, la gestión de residuos, y el fortalecimiento y arraigo de beneficios económicos a la población local, entre otros. Y todo ello, bajo la Memoria GRI ( Global Reporting Initiative).
Muy buenas intenciones, pero, que según informaciones periodísticas, detraídas de informes de organizaciones humanitarias, han puesto al descubierto que no es todo lo responsable que debiera o que se predica. Y así recientemente Amnistía Internacional ha denunciado el abuso y casi esclavitud de las condiciones de trabajo en el próximo mundial de Qatar; con especial incidencia en los trabajadores menos cualificados y de población emigrada.
Algunos de los abusos que denuncia la referida organización están circunscritos a hechos, tales como, el impago de salarios, la retención de los pasaportes de sus trabajadores como medida para impedirles salir del país, pasando por no gestionarles los permisos de residencia tal como dispone la ley qatarí, lo que deja indocumentados a los emigrantes y expuestos a ser detenidos y deportados a sus países y sin acceso a atención médica, en la inmensa mayoría de los casos.
Agravado todo ello, ante la falta de sindicatos y asociaciones que les represente y luchen por sus derechos, porque la ley del país Qatarí permite sólo a los trabajadores nacionales el derecho a formar parte de una asociación o un sindicato, contraviniendo las normas internacionales acerca de la libre asociación y reunión, como un derecho universal.
Se trata, pues, de una situación preocupante, que debería hacer pensar muy seriamente a la propia FIFA y las organizaciones que la conforman respecto a si lo que denuncia esta organización de derechos humanos es reflejo de la realidad; así como tomar medidas respecto a lo que se puede considerar situaciones de esclavitud, bajo el paraguas de un mundial de fútbol, que representa valores deportivos, que chocan frontalmente con ese tipo de prácticas.
Siendo conscientes que cuando se habla de responsabilidad social empresarial, se trabaja en una cuádruple dirección: sostenibilidad económica, social, institucional y medioambiental. Además, no sólo respecto a las empresa contratadas, sino al resto de subcontratadas. Incidiendo, especialmente, en los denominados stakeholders.
El informe ha detectado casos en los que algunos trabajadores entrevistados por Amnistía Internacional vivían con miedo a perderlo todo, amenazados con la imposición de multas, la expulsión o la pérdida de ingresos si no se presentaban a trabajar aunque no se les pagase. Situaciones que en el derecho internacional constituyen trabajo forzoso. Parece ser que las autoridades, dada la proyección mediática de esta denuncia, están tomando medidas. Unas medidas que, a pesar de todo, no son suficientes para romper con la inercia de condiciones laborales reprobables.
Y se insiste en la necesidad de establecer una serie de actuaciones específicas, en manos de esos trabajadores, indefensos, en la mayoría de los casos, en relación a, por ejemplo, al acceso a la justicia, la atención de la salud y la rendición de cuentas del sector privado por los abusos contra trabajadores emigrantes.
María José López González
Abogada
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