Prestos a comenzar la liga de la primera división de fútbol femenino en nuestro país, todavía se suceden situaciones de precariedad, y la más llamativa es la ralentización organizativa de la misma, dentro de la legalidad que requiere el hecho de haber sido catalogada, por el CSD, como liga profesional.
La primera en España. Algunas entendemos que esta Liga profesional, que se presentó al más alto nivel político, no debe significar sólo y exclusivamente un cambio nominativo, y debiera tener un contenido claro, que marque la diferencia entre la que es una liga profesional y la que no lo es, esto es, entre lo había y que debería ser.
Porque así está estipulado normativa y reglamentariamente en la legislación deportiva a los efectos. Lo que deviene a significar que a pocos días de inicio de la temporada, las grandes protagonistas, – las jugadoras-, solo tienen como certidumbre la protección laboral, a través del convenio colectivo, pero lo que conlleva como desarrollo de su competición deportiva continúa en el imaginario, que fue descrito en la pompa de su presentación.
Esperemos que la administración deportiva que es la que ostenta el tutelaje no subsuma a esta liga como si fuera un sucedáneo de la masculina. Y mucho menos siga produciéndose ese tutelaje deportivo que desvela el no crecimiento económico y de independencia que debiera tener esta competición.
No se llama liga profesional porque es la ocasión de ser más igualitaria, sino se llama así porque su estructura ha vaciado de contenido a la Liga Iberdrola, para dar el salto al profesionalismo como estructura organizativa independiente. Estamos muy saturados de tutelaje de añoranzas, que tanto lastran el devenir de la igualdad real, en este caso, en el deporte.
Una obviedad que evidencio referida a la inexistencia, por incongruencia, con una Liga Profesional, de la parcialidad, que debe ser derrotada, teniendo en cuenta la normativa laboral y deportiva, pues no se conjuga nada bien no contemplar desplazamientos y entrenamientos, en jornadas de parcialidad, si nos atenemos a lo que señala el Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
En definitiva, la finalidad de regular el registro de la jornada diaria de trabajo no es otro que crear un marco de seguridad jurídica en las recíprocas relaciones de trabajadores y empresarios, así como posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Se acerca ese inicio de una nueva competición, bañada en este caso, del lenguaje de la igualdad, y sobre todo, pensada en el reto de una sociedad que se predica igualitaria y que mantienen sectores y estructuras en nuestra sociedad anquilosadas en involuciones del pasado.
Es por ello, que conviene hacer el ejercicio del sprint para dar carta de naturaleza a la nominación de Liga Profesional. Entiendo que el sindicato AFE, que lideró y propició la futura liga profesional, a través de una negociación con los grupos políticos, en un primer paso, a través de una PNL (Proposición No de Ley) y las jugadoras, al menos las que representa, no admitirán sucedáneos de una liga profesional, y más cuando se contextualiza con la de los chicos, también representados por el mismo sindicato.
Sería de gran irresponsabilidad, frustrar un paso adelante en la apuesta por la igualdad. Teniendo en cuenta que esa liga profesional del fútbol femenino necesita de una estructura independiente que deba garantizar una nueva dirección, así como determinados aspectos que incidirán en la estabilidad de la competición, y que afectarán directamente a las jugadoras en relación a control económico y masa salarial, cupo de extranjeras extracomunitarias, comercialización de derechos con efectos retributivos- salariales, entre otros.
Por tanto, no estamos hablando de llegar a septiembre, inicio del curso, con los deberes no hechos, por parte del CSD, sino que estamos privando del desarrollo profesional a esta liga, al margen de la falta del convenio de coordinación Liga y Federación, tan necesario en este fútbol cainita que sigue siendo el español, ante liderazgos fallidos.
Toca, por tanto, dejar de ser una liga profesional edulcorada y darle a esta liga profesional femenina su nuevo marco normativo y reglamentario. De lo contrario, actores, como el sindicato AFE, por ejemplo, sin entrar en la épica de la judicialización que tan acostumbrada nos tiene el fútbol español, si podría poner en marcha mecanismos españoles y europeos de denuncia, en la aplicación del plan Striving for a Union of Equality – 2020-2025 y más dentro del marco de los fondos de la UE postcovid.
Fdo. María José López González
Codirectora Servicios Jurídicos AFE