La reciente aprobación por mayoría del Reglamento de la Federación de Fútbol de Aragón, en su artículo 121 f) – dando una participación a las niñas de un 20 % en las categorías infantiles, alevines, benjamines, prebenjamines y debutantes en las categorías masculinas– sin duda se trata de una machada segregacionista que no se entiende en la sociedad igualitaria a la que aspiramos y debemos aspirar.PUBLICIDAD
El deporte, con todas sus grandezas, tiene reminiscencias segregacionistas, que lastran esa verdadera igualdad en relación al ámbito laboral de los hombres y las mujeres. De ahí la escasa presencia en labores de liderazgo, en pleno siglo XXI. Constituye todo un anacronismo situaciones que describen convenios colectivos sólo para chicos, frente a las chicas en el mismo ámbito laboral. Y decimos anacronismo, por no decir atropello jurídico.
Se insiste siempre que el deporte es tan mediático proporcionalmente como esperpéntico en el destino de sus derechos laborales en igualdad. La maternidad, la jornada laboral, la inseguridad jurídica, que nos ha dado de frente, con el Covid 19 ha colocado a muchas de estas trabajadoras, referentes en el deporte en un abismo contractual, en el que sus contratos se han visto suspendidos y acabados, sin mayor reclamo ni consistencia.
Es por ello, que cuando observamos este tipo de decisiones reglamentarias no podemos por menos que reprobarlas por segregar y menospreciar los derechos de las, en este caso, niñas como si el hecho de jugar al fútbol, les viene podríamos decir por coptación, y no así por un derecho como persona.
Esperemos que la sociedad, esos padres, madres, abuelos, abuelas, y colectivos intervengan en estas decisiones, ya que su toma en consideración se escenifica más allá del plano privado de un reglamento, y asalta a la opinión pública respecto a cuestionar planteamientos que perpetúan costumbres, que han de ser desterradas por inútiles, vejatorias y con escaso valor ético. Especialmente en una sociedad, como la española, que trata de magnificar el valor de la igualdad como salvaguarda de la propia democracia.
Es por ello que no puede resultar anecdótico, ni mucho menos desdibujado por tratarse de una decisión en el seno de una organización privada, como es una federación autonómica, pues no debemos de olvidar que se trata de una entidad que actúa por delegación pública. De ahí que se debiera aprestar esa propia administración, la que le toca, a actuar bajo el denominado control de legalidad.
Resulta difícil de entender cuando, además, se referencia en el deporte, y en el deporte practicado por edades tempranas como foco de aprendizaje de valores, que las fórmulas segregacionistas para estas competiciones continúen siendo perpetuadas sin razón alguna. Al menos la legal, y esta debiera significar mucho, en un Estado de Derecho como el actual, además del Estado social que es el que pone el acento de la igualdad como causa que merece la pena.
Es por ello que si esa defensa mereces ser ejercida somos muchas y muchos los que debemos ir en torno no sólo al discurso, sino a la acción y compromiso por la igualdad; y si esta se trata de malear derechos en edades tempranas, el margen de presunción queda prácticamente anulado.
María José López González
Abogada
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